Publicada la nueva Ley de Seguridad Privada

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La seguridad no es solo un valor jurídico, normativo o político; es igualmente un valor social. Es uno de los pilares primordiales de la sociedad, se encuentra en la base de la libertad y la igualdad y contribuye al desarrollo pleno de los individuos.

La consideración de la seguridad privada como una actividad con entidad propia, pero a la vez como parte integrante de la seguridad pública, es hoy un hecho innegable. Cada vez más, la seguridad privada se considera una parte indispensable del conjunto de medidas destinadas a la protección de la sociedad y a la defensa de los derechos y legítimos intereses de los ciudadanos.

La proyección de la Administración del Estado sobre la prestación de servicios de seguridad por entidades privadas y sobre su personal se basa en el hecho de que los servicios que prestan forman parte del núcleo esencial de la competencia exclusiva en materia de seguridad pública atribuida al Estado por el artículo 149.1.29.ª de la Constitución, y en la misión que, según el artículo 104 del propio texto fundamental, incumbe a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

La defensa de la seguridad y el legítimo derecho a usarla no pueden ser ocasión de agresión o desconocimiento de derechos o invasión de las esferas jurídicas y patrimoniales de otras personas. Y ésta es una de las razones que justifican la intensa intervención en la organización y desarrollo de las actividades de las entidades privadas de seguridad y de su personal, por parte de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que tienen la misión constitucional de proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y garantizar su seguridad.

Desde otra perspectiva, pero igualmente integrada en el objeto de regulación de esta ley, es necesario dar el paso de reconocer la especificidad de los servicios de investigación privada el papel que han alcanzado en nuestra sociedad en los últimos años.

La Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, resulta hoy claramente insuficiente.

Además, la pertenencia de nuestro país a la Unión Europea ha obligado a que haya debido ser modificada por los Reales Decretos-leyes 2/1999, de 29 de enero, y 8/2007, de 14 de septiembre, así como por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, con la finalidad de adaptarse cada vez a un entorno más abierto y globalizado, fenómeno que la citada ley, lógicamente, consideró de manera muy colateral.

Otros dos factores determinantes de la necesidad de sustituir la vigente ley cabecera de este sector del ordenamiento jurídico son los importantísimos cambios tecnológicos, que condicionan la prestación de servicios de seguridad, y la tendencia a la integración de las distintas seguridades en un concepto de seguridad integral.

Este fenómeno de insuficiencia de regulación se da aún más, si cabe, con las actividades de investigación privada y los detectives privados.

Puede decirse que el conjunto de los cambios propuestos en la nueva ley, además de mejorar y resolver problemas técnicos, de gestión y operativos, profundiza decididamente en el actual modelo español de seguridad privada (complementaria, subordinada, colaboradora y controlada por la seguridad pública), apostando por su papel preventivo en beneficio de la seguridad general, y lo hace aprovechando e integrando funcionalmente todo su potencial informativo, de recursos humanos y de medios materiales, al servicio de la protección y seguridad del conjunto de la ciudadanía, de forma compatible con el legítimo interés que persiguen las entidades privadas de seguridad.

Este mismo enfoque inspira los preceptos que se dedican a la investigación privada.

Uno de los aspectos donde más se ha puesto de manifiesto el cambio habido desde la aprobación de la Ley 23/1992, de 30 de julio, es en la participación de las comunidades autónomas en la materia.

CONTENIDOS PRINCIPALES:

Definición legal de conceptos o términos que hasta ahora permanecían jurídicamente imprecisos o indeterminados.

Actualización del ámbito de las actividades de seguridad privada.

Se reconoce a los operadores de seguridad la condición de personal acreditado.

La seguridad de la información y las comunicaciones aparece por primera vez configurada como actividad compatible que podrá ser desarrollada tanto por empresas de seguridad como por las que no lo sean, y que, por su incidencia directa en la seguridad de las entidades públicas y privadas, llevará implícito el sometimiento a ciertas obligaciones por parte de proveedores y usuarios.

Se liberaliza la actividad de planificación, consultoría y asesoramiento en materia de seguridad privada, que pasa a considerarse como una actividad compatible no reservada a las empresas de seguridad privada.

Se matiza el principio general de exclusión de la seguridad privada de los espacios públicos, cuya formulación actual, excesivamente rígida, ha dificultado o impedido la necesaria autorización de servicios en beneficio del ciudadano, que resulta hoy obsoleta.

Se plasma una de las ideas claves que han inspirado la redacción de la ley, como es la coordinación y la colaboración entre los servicios de seguridad privada y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con el único objetivo de mejorar la seguridad pública.

Se da rango legal a algunos preceptos dedicados a la regulación de empresas de seguridad y despachos de detectives, o a los registros de ambos.

Se regula un sistema flexible que permitirá, cuando sea necesario por razón de las instalaciones vigiladas, aumentar los requisitos de las empresas, o reducirlos por razón de la actividad desempeñada.

La ley sustituye el sistema más gravoso de la autorización administrativa por el de la declaración responsable para los centros de formación de personal de seguridad privada, los despachos de detectives privados y las empresas de instalación y mantenimiento.

Se regulan cuestiones anteriormente dejadas al reglamento, donde no tenían correcta ubicación, tales como las relativas a las funciones de gran parte del personal de seguridad.

Se modifica el nombre de los guardas particulares del campo, para configurarlos, más adecuadamente, como guardas rurales.

Se resuelve el problema del requisito de la nacionalidad española o de un Estado de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo para poder acceder a las profesiones de seguridad, que ahora se amplía a los nacionales de terceros Estados que tengan suscrito con España un convenio internacional en el que se contemple tal posibilidad a los nacionales de ambos Estados.

Protección jurídica análoga a la de los agentes de la autoridad del personal de seguridad privada frente a las agresiones o desobediencias de que pueden ser objeto cuando desarrollen, debidamente identificados, las actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Se elimina el inadecuado y distorsionador período de inactividad, que tantas dificultades y problemas ha supuesto para la normal reincorporación al sector del personal de seguridad privada, se da cabida a otras posibilidades de acceso mediante el sistema que determine el Gobierno, al contemplarse la posibilidad de una formación profesional reglada o de grado universitario para el acceso a las diferentes profesiones de seguridad privada, o de los correspondientes certificados de profesionalidad del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Se regulan por primera vez en una norma de rango legal y de forma armónica las medidas de seguridad, así como la especificación de la forma de prestación de los principales servicios de seguridad (vigilancia y protección, protección personal, depósitos y transportes de seguridad, e investigación privada), dotando de concreción a otros importantes servicios (verificación y respuesta ante alarmas, instalación y mantenimiento de sistemas, videovigilancia).

Regulación de los servicios de videovigilancia y de investigación privada. En el segundo caso, se abordan cuestiones tan delicadas como la legitimidad del encargo, el contenido del informe de investigación o el deber de reserva profesional.

Se recogen, también por vez primera en sede legal, las actuaciones de control e inspección sobre las entidades, el personal y las medidas de seguridad, así como la obligación de colaboración por parte de los afectados. Especialmente relevante es la incorporación de un precepto que regula las medidas provisionales que pueden adoptar los funcionarios policiales, cuando en el marco de una inspección lo consideren absolutamente necesario, quedando en todo caso sujetas a ratificación por la autoridad competente. Igualmente, se limita, por razón de la intimidad de los datos, el acceso al contenido de los informes de investigación privada en las inspecciones policiales a la mera constatación de su existencia, salvo que medien investigaciones policiales o judiciales o procedimientos sancionadores.

Se contemplan con la debida separación las infracciones que pueden ser cometidas por las entidades, el personal o los usuarios de seguridad privada, incluyendo, junto a estos últimos, a los centros de formación en la materia.

Se hace especial hincapié en la regulación de todas aquellas conductas infractoras que tengan por objeto evitar el intrusismo ya sea realizado por empresas de seguridad, por personal no habilitado, por empresas de servicios que desarrollan actividades materialmente de seguridad privada o por los propios usuarios.

ESTRUCTURA:

TÍTULO PRELIMINAR - DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES COMUNES

CAPÍTULO II - COMPETENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y DE LAS CC. AA.

TÍTULO I - COORDINACIÓN

TÍTULO II - EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA Y DESPACHOS DE DETECTIVES PRIVADOS

CAPÍTULO I - EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

CAPÍTULO II - DESPACHOS DE DETECTIVES PRIVADOS

TÍTULO III - PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES COMUNES

CAPÍTULO II - FUNCIONES DE SEGURIDAD PRIVADA

TÍTULO IV - SERVICIOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES COMUNES

CAPÍTULO II - SERVICIOS DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

CAPÍTULO III - SERVICIOS DE LOS DESPACHOS DE DETECTIVES PRIVADOS

CAPÍTULO IV - MEDIDAS DE SEGURIDAD PRIVADA

TÍTULO V - CONTROL ADMINISTRATIVO

TÍTULO VI - RÉGIMEN SANCIONADOR

CAPÍTULO I - INFRACCIONES

CAPÍTULO II - SANCIONES

CAPÍTULO III - PROCEDIMIENTO

Disposición adicional 1ª. Comercialización de productos.

Disposición adicional 2ª. Contratación de servicios de seguridad privada por las administraciones públicas.

Disposición adicional 3ª. Cooperación administrativa.

Disposición transitoria 1ª. Habilitaciones profesionales anteriores a la entrada en vigor de esta ley.

Disposición transitoria 2ª. Personal de centrales receptoras de alarmas.

Disposición transitoria 3ª. Ingenieros y técnicos de las empresas de seguridad.

Disposición transitoria 4ª. Plazos de adecuación.

Disposición transitoria 5ª. Actividad de planificación y asesoramiento.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Disposición final 1ª. Título competencial.

Disposición final 2ª. Procedimiento administrativo.

Disposición final 3ª. Desarrollo normativo.

Disposición final 4ª. Entrada en vigor.